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El concejal de de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios, Alberto Lillo, ha valorado las diligencias de investigación preprocesales en torno a la denuncia que en su día presentó un funcionario municipal y a la que se adhirió el Grupo Municipal Socialista, entonces en la oposición, por las discrepancias existentes entre la medición y la certificación de las obras llevadas a cabo en la adecuación de la Vereda de Moledores a paseo peatonal y de bicicletas.

Lillo ha mostrado el máximo respeto a la labor llevada a cabo por la Fiscalía para  tratar de aclarar lo ocurrido con estas obras que datan del 2009. Reconocía que no se veía claro que las mediciones que se certificaban al final de la obra no corresponden con la obra realizada y con lo expresado en los proyectos. El sobrecoste ascendería a unos 100.000 euros.
    
El concejal de Urbanismo considera que se deben de aclarar la totalidad de los actos y sus consecuencias. “Entendemos que tanto los técnicos como los políticos deben ser escrupulosos con la gestión de los recursos municipales”. Lillo abogaba por que todos los actos municipales se hagan con criterios de responsabilidad y transparencia tanto técnica y política. “No puede haber actos independientes”, afirmaba.

El edil considera que por esta cuestión “deben pedirse responsabilidades políticas. Sería muy peligroso que los políticos no se enteren de lo que hacen los técnicos y que los técnicos hagan las cosas sin que los políticos se enteren. La responsabilidad es compartida.”
    
El Ayuntamiento estudiará con los servicios jurídicos municipales la personación del consistorio en el caso, una vez que se realicen las comunicaciones oficiales por parte de la Fiscalía.