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Los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades han mantenido una tercera reunión con los responsables de la Fiscalía para seguir ultimando una actuación coordinada ante la nueva regulación en materia de medidas de apoyo a la discapacidad. La concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha valorado la importancia de una respuesta administrativa más ágil: en la capital hay alrededor de 700 expedientes “de personas que necesitan que les ayudemos”.

Técnicos y responsables de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades han mantenido la tercera reunión con la Fiscalía para seguir estableciendo protocolos de actuación ante lo establecido por la nueva regulación de las medidas de apoyo a la discapacidad. Una sesión de trabajo a la que han asistido la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, y la teniente fiscal Carmen Mendiola, con el propósito de ultimar los procedimientos de actuación de las administraciones para dar una mejor y más rápida respuesta a las personas que necesitan de esta ayuda.

Tanto Galisteo como Mendiola han valorado muy satisfactoriamente el resultado de las dos primeras reuniones mantenidas puesto que “estamos consiguiendo acelerar los procedimientos para ser más eficaces”. La concejal de Servicios Sociales ha explicado que sólo en la capital hay alrededor de 700 expedientes que ahora deberán revisarse con la nueva ley: “es mucha gente que necesita que nos demos prisa y que les ayudemos en su día a día”. Aurora Galisteo ha agradecido a Carmen Mendiola la iniciativa que tuvo para poner en marcha este mecanismo de trabajo, que está siendo un claro ejemplo “de que la coordinación entre administraciones redunda en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos”.

La mayor parte de esos expedientes son de personas con algún tipo de discapacidad, aunque también los hay de mayores con dependencia. Hasta ahora la tramitación del expediente suponía un recorrido administrativo que se pretende agilizar con la puesta en marcha de este mecanismo de coordinación entre los responsables de la tramitación y de la asistencia.

El nuevo marco legal creado por la ley 08/2021, de 2 de junio, entró en vigor el pasado septiembre. El texto concede un papel fundamental a los profesionales especializados de ámbito social y sanitario.